miércoles, 7 de enero de 2015

La ampliación del proyecto del Gas de Camisea amenaza al ecosistema y a los indígenas de la reserva Nahua-Nanti



El proyecto de explotación del gas de Camisea se remonta a 1981, cuando el gobierno del Perú concedió a la Shell el derecho de explotar un área de aproximadamente 2 millones de hectáreas (unos 20.000 kilómetros cuadrados) en la zona del Río Camisea, un afluente del Río Urubamba, en la región de Cusco.
En los años siguientes se descubrieron los yacimientos de gas natural de San Martín y Cashiari.
El contacto forzado de los trabajadores con algunos indígenas causó la muerte de varios nativos Nahua, quienes evidentemente no tienen anticuerpos para resistir el trato con personas externas.
Justamente por esta razón, en 1990 se instituyó la Reserva territorial Kugapakoris-Nahua-Nanti, con una extensión de 456.000 hectáreas (4560 kilómetros cuadrados), con el fin de preservar la vida de los indígenas presentes en el territorio, algunos de ellos no contactados, mientras que otros, como los Masco-Piro, en aislamiento voluntario.
En el 2003 se aprobó un decreto supremo para proteger a los indígenas presentes en el área y se prohibió cualquier aprovechamiento de recursos naturales dentro de la reserva.
El contrato de explotación del gas de Camisea, en la parte contigua al Río Urubamba, continuó hasta 1998 con un consorcio entre Shell-Mobil y Petro-Perú.
Luego fue la empresa argentina PlusPetrol que se adjudicó la concesión, justamente porque prometió abundantes regalías al gobierno central y al regional del Cusco.
Hoy, la empresa PlusPetrol (junto con sus socios Repsol y HuntOil), ya está operando en el llamado “lote 88”, cuyo territorio se sobrepone en un 75% a la reserva Nahua-Nanti, y pregunta por la posibilidad de explotarlo.
El proyecto de las multinacionales es devastador: mientras que ya están en función decenas de helipuertos dentro de la reserva, se prevé la apertura de cientos de vías en la selva y la puesta en función de decenas de pozos extractores con un daño inimaginable para el ecosistema y para los nativos.
Hasta el momento, el gobierno del Perú no se ha manifestado, o bien, no ha respondido a la petición de las empresas extractivas.
No obstante, precisamente en el decreto supremo del 2003 se estableció:

Queda prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales [en la reserva]”.

No se entiende, por tanto, cómo pueda ser permitido el aprovechamiento del “bloque 88” a las empresas en cuestión.
Las tierras indígenas deberían mantenerse libres de cualquier explotación externa, sea minera, hídrica, forestal o de biodiversidad.
El hecho de que se declare una tierra como “reserva indígena” debería automáticamente prohibir cualquier posibilidad futura de aprovechamiento, pero, por desgracia, se nota que el impulso indigenista, nacido inicialmente en Brasil en 1960, muestra toda su debilidad.
En algunos casos, se prohíbe el acceso a las multinacionales, pero,al mismo tiempo, se expulsa a los colonos, desarraigando tradiciones y culturas, y se permite la entrada a ONG externas que a veces se apoderan ilegalmente de la biodiversidad, como en el caso de algunas tierras indígenas del Brasil.
En otros casos, en cambio, como en el de Camisea, o como en el del Tipnis en Bolivia, se declara que un territorio es indígena, pero luego, si se encuentra gas o petróleo en su interior, los intereses de los indígenas son pisoteados y se les da prioridad a las grandes empresas que puedan otorgar regalías a los gobiernos locales.

YURI LEVERATTO
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