miércoles, 9 de abril de 2014

En Brasil la política indigenista y ambientalista se enfrenta con el proceso de industrialización liderado por el capitalismo extremo



La política indigenista empezó en Brasil EN 1910, cuando el explorador Cândido Rondón fue nombrado director del “servicio de protección de los indígenas”. En 1952, Rondón presentó al presidente de la república un proyecto para la creación del parque indígena Xingú.
En los años 60 del siglo pasado, los hermanos Orlando, Claudio y Leonardo Villas-Bôas dieron un fuerte impulso a la creación de tierras indígenas, lugares donde los nativos pudieran vivir en paz sin la amenaza de que latifundistas y empresarios sin escrúpulos depredaran sus tierras.
En la Constitución de 1988 se establecieron por fin definitivamente los derechos de los indígenas con el derecho a la diferencia cultural y el derecho al uso exclusivo de las tierras indígenas que fueron demarcadas a partir de 1988.
Particularmente, el derecho a la tierra fue declarado “original” y, por tanto, anterior a la formación del Estado.
Con esta cláusula, caso único en la Historia, se concedió un uso exclusivo a los nativos de las tierras demarcadas, excluyendo de este derecho a todos los no indígenas. No existe, en efecto, ningún país en el mundo, aparte de Brasil, que prohíba expresamente a sus conciudadanos la entrada a las áreas donde viven otros conciudadanos.
En práctica, si bien el proceso de demarcación indígena nació por una causa noble, o bien, para otorgar a los nativos las tierras que originalmente eran suyas, en realidad esta ley ha causado muchos problemas, como la expropiación y la expulsión forzada de campesinos no indígenas que habían nacido en las nuevas tierras delimitadas (ver el problema surgido con la demarcación de la Tierra indígena Raposa Serra do Sol) y de pequeños y medianos propietarios de empresas agrícolas (productores de arroz, etc.) que operaban desde hacía varios decenios en las zonas en cuestión.
La prohibición absoluta a cualquier no-indígena de acceder a las tierras indígenas, y la restricción de los indígenas de un área a acceder a otra área, responde a la necesidad de evitar que no indígenas, buscadores ilegales de oro y de otros minerales y empresarios sin escrúpulos accedan al área indígena, como por desgracia ha sucedido muchas veces en el curso de los decenios pasados.
No obstante, la restricción es causa de varias perplejidades ya que reduce de hecho la soberanía del Brasil en las regiones indígenas.
Si ningún brasilero puede entrar para darse cuenta de lo que allí sucede, ¿no es quizá esto ya una pérdida de soberanía?
Por otro lado, está el problema de la justicia indígena; en efecto, los nativos gozan de un estatus particular que los hace de facto “inimputables” como si fueran menores de edad o incapaces de entender y de querer (leer estatuto de 1973). Luego, si un indígena, después de haber cometido un crimen, se refugia en su tierra demarcada, puede evitar ser arrestado, ya que la policía no puede acceder al lugar.
Además hay que tener en cuenta la cuestión de los subsidios mensuales que el Estado paga a los indígenas que, de hecho, los vuelven apáticos, aislados y fácilmente controlables.
Cabe notar que las tierras indígenas no son propiedad de los indígenas, incluso no pueden ser vendidas. A ellos, en cambio, les está concedido el uso exclusivo, o bien, la posibilidad de vivir allí y de explotar los productos de la tierra.
Muchos brasileros han manifestado perplejidad y críticas sobre el proceso de demarcación de las tierras indígenas. Por ejemplo, el general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, el periodista Luiz Margarido y el líder del grupo indígena Macuxí Jonas Marcolino.
Estos analistas han planteado la hipótesis de que las demarcaciones de tierras indígenas en Brasil estén incluso controladas por fuerzas extranjeras. Entre ellas se reconocen, en efecto, el Banco Mundial, Alemania, además de varias ONG extranjeras (por lo general inglesas), las cuales apoyan intensamente la tesis indigenista.
Sobre el hecho de que las demarcaciones de inmensas tierras sean impulsadas por grandes grupos económicos mundiales no hay dudas: a manera de ejemplo, se recuerda que si un área indígena al interior de la cual hay una gran cantidad de oro es demarcada, y luego son inmediatamente expulsados todos los garimpeiros (buscadores de oro ilegales) el precio del oro en la bolsa de valores de Londres y Nueva York sube.
Esto sucedió por ejemplo cuando se demarcó la enorme tierra indígena Yanomami, tan vasta como Portugal (94.000 kilómetros cuadrados para un total de 7000 indígenas que la habitan).
La inmensidad de las tierras indígenas es otro motivo que genera dudas y perplejidad.
Por ejemplo, la tierra indígena Alto Río Negro, lugar importante desde un punto de vista estratégico y minero por la presencia de coltán en el subsuelo, tiene una extensión de unos 80.000 kilómetros cuadrados. Si es cierto que antiguamente los indígenas eran nómadas y utilizaban grandes extensiones de terreno, hoy la mayoría son sedentarios y, por consiguiente, no se justifica la inmensidad de las tierras que se les asignó.
El total de las 668 tierras indígenas del Brasil se acerca a 1.115.000 kilómetros cuadrados (el 13% del país) donde viven poco más de 500.000 personas. Prácticamente el 0,42% de la población del país tiene a disposición el 13% de las tierras.
El resultado que se vislumbra de todo el proyecto de demarcación forzada de las tierras indígenas es la consiguiente separación de indígenas y no indígenas.
Este proceso es extremadamente perjudicial por varios motivos: primero que todo, se separa a los indígenas de los no indígenas y se les convence de que toda la cultura occidental está errada porque destruye la naturaleza. Esto es sólo parcialmente cierto.
En segundo lugar, como lo señaló el líder de los Macuxí, Jonas Marcolino, los mismos indígenas (excepto obviamente los no contactados) tienen necesidad de relacionarse con los no indígenas para desarrollar una personalidad polifacética y no fija, sin enfrentamiento con lo “diferente” (en este caso, el no indígena).
Otro punto fundamental de la separación entre indígenas y no indígenas que está ocurriendo en Brasil lo conforma el acceso al conocimiento tradicional de los nativos, me refiero al uso de plantas medicinales y a los procesos de agricultura biológica utilizados por ellos, con cientos de plantas casi desconocidas en el mundo occidental.
Estos conocimientos, que podrían ayudar a la humanidad a mejorar su relación con la Naturaleza, hoy son mantenidos ocultos y no son divulgados. Sólo algunas ONG (comúnmente extranjeras), que tienen acceso a las tierras indígenas, pueden aprovecharlos.
Por el contrario, se querría que los conocimientos de los indígenas fueran publicados en internet, con el fin de que todos pudieran tener acceso a su forma de entender la agricultura ecológica no invasiva y a su modo de utilizar las plantas medicinales, de manera que sus saberes pudieran ayudar a la humanidad y no estuvieran reservados sólo a pocas ONG presentes en el territorio que se les asignó.
El proceso indigenista en Brasil, que a menudo se asocia con el tema del conservacionismo ambiental, se enfrenta con el tumultuoso desarrollo de la economía del gigante suramericano, que es guiado por el capitalismo extremo.
En los estados de la llamada “Amazonía Legal” (Estados de Rondonia, Acre, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Maranhao) donde están presente el 98% de las tierras indígenas, se están llevando a cabo faraónicos proyectos de construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, tales como la enorme presa de Belo Monte en el Río Xingú, la de São Luis Tapajós (en el Río Tapajós) o las dos gigantescas en construcción en el Río Madeira (Jirau y San Antonio).
Se trata de diques que obstaculizarán el flujo de ríos mayores, todos afluentes directos del Río Amazonas, y aunque el método constructivo parece que no producirá grandes cuencas artificiales, como en el caso, en cambio, de la presa de las Tres Gargantas (China), los efectos en el clima amazónico y mundial podrían ser devastadores.
La energía que se creará en estas enormes centrales no servirá para mejorar el servicio eléctrico en la cuenca amazónica, sino que será destinada a las fábricas del sur del país, particularmente de los estados de San Paolo, Paraná y Minas Gerais, los cuales necesitan de energía para aumentar la producción en sus empresas.
Particularmente, el dique de Belo Monte, que no será el único de la zona, sino que será seguido de otros tres más pequeños, y que se está construyendo justo afuera del parque indígena Xingú, está generando mucha preocupación por los posibles daños ambientales que se originarán a partir de la inundación de grandes terrenos y por los perjuicios a la fauna íctica de los ríos de la zona, principal fuente de proteína para los indígenas que viven al interior del parque.
Hay otros ejemplos de capitalismo extremo en Brasil, como las inmensas extensiones cultivadas de soya en el Mato Grosso, o las de eucaliptos destinadas a la producción de papel del Amapá, o las gigantescas tierras cultivadas de algodón de Bahía que, en la mayoría de lo casos, son tierras de propiedad de una sola persona.
Sin embargo, la situación de las tierras alrededor del parque indígena Xingú se ha vuelto problemática para entender lo que está sucediendo en Brasil: de una parte, está la población indígena que fue separada a la fuerza de los brasileros no indígenas; de otra parte, justo fuera del parque hay un inquietante movimiento de empresarios agrícolas sin escrúpulos que, teniendo como único objetivo el lucro, han deforestado de manera salvaje y luego han explotado los suelos con enormes plantaciones de soya y ganadería intensiva de bovinos, con sistemas de producción altamente nocivos para el ecosistema global.
El aumento de la delimitación de tierras indígenas que se ha visto en los últimos cinco años no ha disminuido los conflictos sociales, sino que los ha acentuado. Es el caso de las expropiaciones forzadas en la tierra indígena Raposa Serra do Sol, pero también de los indios Guayas del Maranhão o de los Xavantes en el Mato Grosso, amenazados por empresarios agrícolas que invaden las tierras que se les adjudicaron.
El proceso indigenista que se está desarrollando en Brasil, sea o no encabezado por grupos económicos externos al país, es índice de un creciente desequilibrio, ya que está creando una profunda división entre brasileros indígenas y no indígenas.
Si este desequilibrio no se corrige, podría desembocar en racismo, con ulteriores conflictos sociales y con el acaparamiento de las tierras por parte de grandes grupos económicos.

YURI LEVERATTO
Copyright 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario